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Una investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en cabeza de Pablo Felipe Robledo, señala a Juan Carlos Almansa y a otros 27 empresarios de los refrigerios como miembros de un cartel que saqueó las arcas de la capital acomodando licitaciones por 1,5 billones de pesos.Los tentáculos del cartel llegaron incluso hasta un grupo de concejales de Bogotá para que le ayudaran a meterle mano a la contratación del PAE.

La noticia de que la SIC les abrió pliego de cargos impactó en entidades como el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), la Agencia Logística del Ejército y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) en donde Almansa y sus supuestos cómplices –los Villalobos y los Trujillo– son viejos contratistas.

En efecto, allí era común ver a Hayder Mauricio Villalobos Rojas haciéndoles ‘lobby’ a los contratos de alimentos con sus empresas Mauro’s Food y Catalinsa, que controla con su padre, Luis Hernando Villalobos Sabogal. Este último, un veterano de las licitaciones, ya había salido salpicado por el ‘carrusel’ de la contratación, durante la administración de Samuel Moreno.

Aun así, seguía ganando contratos, incursionó en el sector de la construcción y, junto a su familia, apoyó la campaña del actual gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, de Cambio Radical. Solo Catalinsa, una de las compañías de los Villalobos, se quedó con una tajada superior a los 81.491 millones de pesos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Bogotá, a través de contratos entre 2006 y 2017, en los gobiernos de Moreno, Petro y Peñalosa.

De hecho, la administración actual entregó evidencia clave sobre la repartija.

En ese mismo lapso, Almansa y su grupo, en el que está su hermana Luz Adriana, obtuvieron 148.956 millones de pesos en contratación a través de su empresa Iberoamericana de Alimentos y Servicios S. A. (Ibeaser).

Las maniobras

Otro de los poderosos jugadores del señalado cartel, Germán Trujillo, alcanzó los 57.884 millones de pesos a través de la firma Surcolombiana de Inversiones.

Pero Trujillo fue superado con creces por Stella Téllez, de Alimentos Spress S. A. S., quien se inició como dietista y nutricionista del ICBF y terminó convertida en la llamada ‘reina del cartel de las frutas’. Esta acaparó contratos por 137.559 millones de pesos.

Según la SIC, el resto de las tajadas se las repartieron Jairo Becerra, de Proalimetos Liber S. A. S.; Javier Pulido, de Diseral; Gustavo Donado, de Aerodelicias; Fabio Doblado y Juan Alemán, de La Campiña S. A. S., y Luis Coy, de Comercializadora Nutrimos.

La lista la completan Luis Armando Sierra, de Industria Panificadora El Country; Ecoalimentos S. A. S., gerenciado por Mónica Jiménez, y Marisol Vela, de Le & Ve Alimentos Macsol S. A. S.

La hipótesis de la SIC es que, de manera concertada, estos grupos acudieron a presiones y tutelas para eliminar a la competencia y repartirse los contratos.

A través de métodos ilegales habrían intervenido en la elaboración de los pliegos licitatorios. Y hay evidencia de que en la nómina de la Alcaldía había familiares de algunos de estos empresarios.

Con esas maniobras lograron torcer a su favor al menos 21 procesos tasados en más de 1,5 billones de pesos.

Decenas de chats y correos electrónicos que se intercambiaron dejaron en evidencia que hasta lograron acceder a funcionarios de las últimas tres administraciones.

De hecho, participaron en la creación de la Asociación Colombiana de Proveedores de Alimentos (Asoproval), que les servía de punta de lanza para intervenir en las licitaciones del PAE.

Por ahora, los implicados podrán ejercer su defensa ante la SIC. De hecho, en declaraciones ante esa entidad, todos han dicho que su actuar es transparente y legal. Además, que cumplieron con los contratos.

Pero ya hay protagonistas de este escándalo detenidos. Se trata de Germán Trujillo, el esposo de la exgobernadora Cielo González, de Cambio Radical. Luego de que se entregó a la justicia, obtuvo prisión domiciliaria.

Según el expediente, el llamado ‘zar’ de los alimentos, facturó raciones para niños de Santander consistentes en tamales, por 35.000 pesos la unidad. Además del evidente sobrecosto, estos fueron facturados por talleres de grúas y asociaciones de padres de familia falsas. Su abogado dice que se trató de una confusión de contabilidades. Pero su cliente ya aceptó cargos.

Ahora el turno es para los otros 27.

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