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Pablo Felipe Robledo, el superintente de Industria y Comercio, entregó los resultados de su caso más crucial. Abrió pliego de cargos en contra de los directivos de Odebrecht y de Corficolombiana por las irregularidades que rodearon la adjudicación de la Rutal del Sol tramo dos en el año 2010.

Esta medida afecta a las firmas Constructora Norberto Odebrecht, Odebrecht Investimento EM Infraestructura Ltda, Corficolombiana, Episol SA y Concesionaria Ruta del Sol SAS. Además, contra los particulares: el ex viceministro Gabriel García Morales, contra Luiz Antonio Mameri, Luiz Antonio Bueno Junior, Luis Eduardo Da Rocha Soares, Yezid Agusto Arocha Alarcón y José Elías Melo Acosta.

El ente de control cuenta con información recolectada en las instalaciones de las empresas cuestionadas, así como con información trasladada de la Fiscalía y la Procuraduría. Sin embargo, el grueso de la investigación está en las evidencias aportadas por testigos así como las declaraciones recibidas de altos diretivos de las empresas. Desde la indagación preliminar, el exviceministro Gabriel García Morales ingresó al Programa de Beneficios por Colaboración como delator y hace un mes fue admitido en este programa al certificarse su efectiva colaboración. 

La SIC excluye de responsabilidad al socio del consorcio CSS Constructores, al considerar que Luiz Antonio Bueno Junior y José Elías Melo Acosta habrían acordado no contarle al ingeniero Carlos Solarte ni a su firma del pago del soborno: “Entre otras razones por cuanto la participación de CSS Constructores de 4.99%, era irrelevante en el consorcio", dice la SIC.

La entidad cuenta con soporte de por lo menos $20.594 millones de pesos que fueron pagados a manera de sobornos en Colombia. Y establece que para su desembolso se requería la autorización de al menos un funcionario de Odebrecht y del representante de Corficolombiana en la Constructora Consol. Este era el ingeniero Mauricio Millán Drews, quien en su declaración dijo que al momento de realizar los pagos y en atención a que le habrían parecido sospechosos, los había autorizado bajo la orden impartida directamente por su jefe José Elías Melo Acosta, presidente de Corficolombiana.

De encontrarse culpables por cada uno de los pliegos las personas jurídicas deberán pagar hasta $78.000 millones y las personas naturales hasta $1.560 millones.

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