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Hay un delicado escenario en los colegios, que se gestó con la aparición de las redes sociales y se ahondó con la lentitud de la justicia para definir normas que marquen límites acerca de lo que se debe y no se debe hacer.

Una de estas situaciones, fue la que enfrentó hace unos días un grupo de estudiantes de un colegio de Bogotá y fue reseñado en su momento por EXTRA.

La historia que ya conocíamos

La sentencia de la Corte Constitucional es el resultado final de un proceso judicial que empezó el 25 de mayo del 2017, cuando el Juzgado Penal para Adolescentes de Bogotá admitió la acción de tutela presentada por la madre de un joven de 15 años que había sido expulsado de un reconocido colegio bilingüe en el norte de Bogotá.

El adolescente salió de la institución el 2 de mayo del 2017, después de que el colegio le abrió una “investigación por mal uso de las redes sociales al difundir fotos de cuatro compañeras suyas desnudas y semidesnudas sin la autorización correspondiente”.

En la tutela que interpusieron, los padres del menor exigían el reintegro con los argumentos de que no había hecho “nada distinto de lo que era común y frecuente entre sus compañeros”; que otros compañeros que se vieron involucrados en la divulgación de las fotos no recibieron el mismo castigo que su hijo y, finalmente, que con la expulsión se estaba vulnerando su derecho a la educación.

Aunque la Corte no definió este caso como matoneo, pues no se comprobó que fuera un acto sistemático y reiterado, sí confirmó que se trata de una agresión escolar y que el menor violó las normas, por lo que el colegio está en la facultad de expulsarlo.

Consecuencias para el futuro

Diversas organizaciones y actores del sector educativo aseguraron que el fallo es un mensaje claro para que las directivas puedan tomar acciones frente a los reiterados casos de cibermatoneo entre estudiantes, ante los cuales han estado sin un marco legal claro para poder actuar.

Y, en esta cuestión, es importante subrayar que no son pocos los centros educativos que prefieren mirar para otro lado antes que involucrarse en estos temas, que pueden derivar en largos y costosos procesos judiciales. Y, por ello, muchos padres de los menores agredidos solo quedan con la opción de cambiar al niño de colegio.

Marta Yaneth Castillo, presidenta de Colegios Privados, opina: “Nos parece muy acertada la decisión”, y aclara que esta debe ir acompañada siempre de un proceso pedagógico en torno al buen uso de internet. También hizo un llamado de atención a los padres de familia: “Deben asumir el control de las redes sociales de sus hijos. En los colegios lo estamos logrando. Ellos van a estudiar, no a chatear”.

Por su parte, Lina María Saldarriaga, directora de Contenidos e Investigación de RedPaPaz, dice que esta jurisprudencia da pautas para que se regule la convivencia escolar de acuerdo con las coyunturas, como la entrada de internet en los colegios y el uso de celulares, entre otros puntos. Y destaca que se haya tenido en cuenta el impacto que puedan tener acciones como la que cometió el joven. “No es necesario que el acto sea reiterativo porque el daño que puede causar la distribución de una sola foto en redes sociales puede ser muy alto”, precisó.

Con la sentencia, los colegios tienen ahora una herramienta para fortalecer sus manuales de convivencia. “Ahora debemos aprender a usar esta ley que marca un precedente. Sin embargo, también se refuerza la idea de que las familias deben estar involucradas cada vez más en la educación de sus hijos. Es una enseñanza para todos, pues los niños también deben aprender a asumir las consecuencias de sus actos”, señala Saldarriaga.

Pero también hay quienes lanzan alertas. Para Alejandro Álvarez, rector del Instituto Pedagógico Nacional (IPN), en cada caso “hay que mirar la gravedad del asunto y el contexto en que se haya dado. Esta sentencia no puede derivar en leyes que se apliquen a cualquier caso, cada uno es particular”.

Y agrega que en el IPN se parte del principio de que “los estudiantes son niños, están en formación y, por lo tanto, pueden cometer errores. Las fallas se tratan de forma pedagógica, es decir, de los errores se generan aprendizajes. Es claro que hay que ejercer disciplina, pero siempre formativa (...) El espíritu de los manuales de convivencia es el de generar espacios de diálogo, no convertirlos en un código de policía (...) La salida no es solo condenar y excluir”, comentó Álvarez.

Un argumento frente al cual el colegio donde ocurrió el caso mantiene la posición de que la tutela y la posterior orden del juzgado de reintegrar al agresor estaban revictimizando a las niñas víctimas del hecho y eso era un mensaje sencillamente inaceptable, tanto para la institución como para el resto de la comunidad escolar.

Las ciberagresiones cada día

El matoneo escolar es un fenómeno que ha vivido generación tras generación; sin embargo, cuando se da por medio de redes sociales, por internet, su impacto se multiplica tanto en alcance como en permanencia.

Según el Ministerio de Tecnologías de la Información (Mintic), el ciber-acoso, también conocido como cibermatoneo o ‘cyberbullying’, es un tipo de agresión psicológica en la que se usan teléfonos celulares, internet y juegos en línea para enviar o publicar mensajes, correos, imágenes o videos con el fin de molestar, insultar o denigrar a otra persona. No se hace de frente, por eso, la víctima muchas veces ni siquiera sabe quién puede ser su agresor.

En el caso colombiano, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), se reporta que el 7,6 por ciento de los estudiantes han estado expuestos a algún tipo de maltrato por parte de sus pares en el colegio. Pero esta cifra no tiene en cuenta las agresiones que se dan en el mundo virtual.

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